Jesús Ginés Ortega
Universidad Santo Tomás
Cuando los ánimos se caldean, aunque estos ánimos sean de comunicadores, ministros y diputados, se pueden producir debates tan absurdos como los que estamos presenciando en estas últimas horas a propósito del tema de la conciencia moral de las personas que se enfrentan a una ley probablemente inmoral. Me refiero, por cierto, a la "ley de salud" que ordena entregar una píldora que puede ser abortiva, que impide la anidación del óvulo fecundado destruyendo la vida que nace en el útero materno. Tres o cuatro diputados han salido al paso de un ciudadano reconocidamente inteligente y sensato que les ha advertido sobre la inmoralidad de un procedimiento que puede involucrar una acción de muerte sobre seres vivos humanos, aunque un poco pequeños de tamaño.
El tema es demasiado importante para debatirlo con frivolidad, de modo que hay que serenarse antes de dictar sentencia, porque resulta que la sentencia es nada menos que la de muerte segura para los más débiles de entre los débiles, o si lo prefieren, se trata de favorecer una injusticia contra los más inocentes de los inocentes: los cigotos.
¿Se puede, moralmente hablando, facilitar un veneno a una persona para matar a otra, invocando como excusa que la primera fue violada y la segunda concebida como consecuencia de la tal violación? Este es el problema o mejor el comienzo del problema que se ha planteado entre legisladores, políticos y comunicadores a los que les han salido al paso un grupo de gente sensata dentro de la comunidad, entre la que se encuentran pastores religiosos y estudiosos de la ética más elemental. En buenas cuentas lo que han dicho
estos últimos es que el hombre no tiene ningún derecho a matar a nadie y que la entrega pública del mencionado "veneno" o píldora abortiva será un acto inmoral, por muy jurídico que sea. O sea, que la moral es primero y la ley positiva segundo. Y que si hubiere conflicto entre la conciencia moral y la ley, prevalece siempre la ley.
Para entenderlo un poco mejor: Si usted anda de caza y decide disparar a un conejo que se encuentra en el matorral, sería bueno estar seguro que en el matorral no haya un hombre oculto al que pudiéramos sacrificar de paso. Si al cazador le cupiera la duda de que hay un humano entre las ramas, su conciencia le pediría abstenerse, y averiguar acerca de su sospecha de vida humana oculta en el objetivo del disparo. Es lo mismo que en el caso que nos ocupa. Mientras no estemos realmente seguros que la píldora no es abortiva, habrá que abstenerse de aplicarla. Así de simple. La vida vale más que todas las leyes humanas que nosotros mismos hacemos y que solemos derogar o corregir a nuestro antojo.
¡Seamos racionales en nuestros juicios y también en nuestros procedimientos! No basta solo con pensar bien. Hay que actuar de acuerdo a lo pensado, si queremos ser humanos completos. Y si a esa luz natural que compartimos los humanos conscientes, le añadimos otra luz superior, que es la del Creador de la vida, nos encontraremos con el mismo mandato inapelable del respeto a la vida. Lo menos que podemos hacer es no jugar con ella. La absorción de la píldora en cuestión es, hoy día, a la luz de las dudas que suscita, por lo menos un juego siniestro con la vida del que está naciendo.
Una última reflexión. Los que piensan que la ley humana es la norma superior e inapelable, por el solo hecho de estar ratificada por autoridad legítima y con acuerdos de mayorías circunstanciales, están en un peligroso error. Hacen de la ley el fundamento final de la existencia humana, lo que filosóficamente es una verdadera barbarie lógica. El orden jurídico que el hombre construye y destruye a su antojo jamás podrá imponerse a la recta
conciencia del hombre o la mujer honestos. El hombre bueno no lo es porque la ley lo diga. Lo es porque sus actos corresponden a su recta razón que es la que orienta su vida. Las leyes no son sino andamios provisionales para sostener el edificio social. La estructura de la sociedad está más adentro, en la conciencia moral de las personas.
De modo que ante la mentada píldora, ni la autoridad puede imponerse por sobre la moral de las personas, incluso de las autoridades civiles, ni las personas constituidas como autoridad por la comunidad deberán someter su conciencia a la ley vigente. Si la autoridad del ejecutivo pretende imponer a los alcaldes entregar el veneno bajo apercibimiento de arresto o destitución, a los alcaldes con conciencia no les cabe otra postura propiamente humana que abandonar el cargo y devolverlo a quienes jurídicamente lo ostentan, pero inmoralmente lo ejercen.
La historia reciente nos recuerda que un rey abdicó de la corona antes de firmar la ley que permitía el aborto en su país. Nadie se acuerda hoy de los legisladores aborteros belgas. Todos se acuerdan del honrado rey Balduino que renunció al trono antes que traicionar su conciencia.
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