Autor: Jorge Reyes Zapata, Abogado
Una articulada red de feministas radicales, ecologistas profundos e ideólogos de la nueva era vienen apoderándose en los últimos 25 años de Naciones Unidas, particularmente del Consejo Económico y Social (ESCOSOC). A través de este organismo y sus ramificaciones en conferencias y también por el intermedio de resoluciones especiales y plataformas de acción pretenden imponer políticas globales de control de natalidad con conceptos neomalthusianos, como la ideología de género y los derechos sexuales y reproductivos.
En estos días se han venido realizado reuniones en Puerto Rico bajo el auspicio de la CEPAL. Antes de ello, todos los países de América se reunieron en Chile en marzo y en México en Junio de 2004. Con el objetivo de presentar una postura conjunta para las reuniones de finales de este año y principio del próximo, en que se discutirá la vigencia de las plataformas de acción del Cairo y Beijing respectivamente, ocurridas hace ya 10 años y en donde estos grupos de asalto pretenden imponer su agenda de cambios culturales, entre los que el aborto, a decir de ellas, constituye un derecho humano de tercera generación, y los países que poseen una sólida legislación en defensa de la vida del que está por nacer deben rendirse a estas trasnochadas e ideológicas posturas.
Por muchos años al interior de estos foros internacionales se han estado aprobando, por amplios márgenes, resoluciones consagrando el derecho a la "salud reproductiva". Hay precedentes documentados de que esto es una maniobra orquestada para obtener un cambio serio en el derecho internacional, que busca legitimar por esta vía el aborto en aquellos países en que éste es ilegal.
A comienzos del año 2002 se discutió este punto al interior de la ONU, en la reunión especialmente convocada para debatir sobre el estado de cumplimiento del tratado sobre los derechos del niño, a diez años de su dictación. Durante el debate y ante la pregunta del delegado de EEUU sobre el significado de esos términos (derechos sexuales y reproductivos y específicamente la extensión del término “servicios”), el delegado canadiense respondió que se refería al aborto. Y en fecha reciente trascendió que una organización pro aborto, en un documento secreto, veía éste como un mecanismo para legitimar el aborto contra leyes que lo prohíban.
Esa misma organización, al constatar que sus documentos confidenciales quedaron expuestos a la luz pública, intentó demandar la filtración, sin negar el contenido de los mismos. Para evitar problemas, el Diputado Norteamericano Chris Smith introdujo el documento en las actas del Congreso de los EEUU, de modo que es ahora de dominio público.
La pretendida creación del derecho internacional en manos de una ideología contraria a la naturaleza humana se funda en una técnica odiosa que consiste en la reinterpretación de términos mal definidos o puestos de un modo intencionadamente ambiguo. El profesor y Juez Robert H. Bork ha publicado un libro sobre el tema. Cuando estos términos de significado poco claro aparecieron por primera vez en el Cairo y Beijing, muchos países precisaron que esto no podía referirse al aborto, haciendo expresas y definidas reservas sobre el particular. Algunos países desarrollados han estado presionando a los menos afortunados para que eliminen esas reservas, y en las recientes reuniones de la CEPAL en Chile, en Ciudad de México, y ahora en Puerto Rico, han conseguido arteramente su objetivo; los países Americanos que hicieron reservas en Cairo y Beijing aprobaron el consenso de Santiago, que entre otras cosas ignora tales reservas, dándolas por superadas en la práctica. El gobierno de EEUU no es partidario de forzar la legitimación del aborto por un abuso de los organismos internacionales, y ha propuesto una clarificación: que esos términos no bien definidos no representan un apoyo al aborto. En Santiago esto fue rechazado en forma unánime, y en Ciudad de México, sólo lo apoyaron Nicaragua y El Salvador. Todos los demás han mantenido una posición que va a llevar a la legitimación del aborto, lo que finalmente ocurrió en Puerto Rico, con total prescindencia de las legislaciones internas americanas y el sentir de su pueblo, que mayoritariamente desprecia este crimen atroz.
El problema es muy sencillo: Esa fraseología imprecisa parece ser un subterfugio para legitimar el aborto y forzar a los países a cambiar su legislación al respecto. Si esto no fuera así, por qué se niega nuestro país a aprobar una "reserva" que aclare el significado de esta terminología dudosa, especificando que ella no significa la aprobación del aborto. Una vez más el gobierno le debe una explicación al país.